*Sobre registro de celulares
Ciudad de México. – La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para recrear el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, aprobada en el Senado de la República representa una amenaza a los datos personales de la ciudadanía y viola diversos preceptos constitucionales.
La COPARMEX capitalina afirmó que con ello se repiten los errores cometidos en regulaciones previas con las mismas características, las cuales lejos de combatir la inseguridad y la extorsión telefónica, generaron más riesgos para la ciudanía y derivaron en el aumento de esos y otros delitos nuevos derivados de las disposiciones del Registro.
La COPARMEX CDMX lamentó que la mayoría de las y los senadores desatendieran las razones técnicas, jurídicas y económicas expuestas por los especialistas y sus compañeros legisladores, quienes han señalado reiteradamente que el Registro de Usuarios de Telefonía en los términos en los que fue planteado viola los derechos humanos de los usuarios, como la presunción de inocencia al asumir que la persona responsable de una línea registrada, automáticamente será responsable por cualquier delito asociado a un número que podría ser utilizado por cualquier persona.
Además, al crear un registro cuyo manejo será altamente sensible por la naturaleza de los datos biométricos que contendrá, cualquier filtración o acceso no autorizado, es una violación a la privacidad de los ciudadanos que pone en peligro su patrimonio, por ser información que se utiliza para proteger su acceso a cuentas bancarias y sistemas financieros.
También limita el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, aumenta la brecha digital y frena el acceso a la comunicación de grupos vulnerables y marginados al imponer nuevas barreras de acceso de líneas telefónicas y ordenar la cancelación de las líneas cuyos usuarios no se registren.
Asimismo, atenta contra el mandato constitucional de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin mandato escrito de una autoridad competente, aparte de violar el principio de no retroactividad de la ley.
