Por Iván Calderón
Luego de los enfrentamientos del Gobierno del Estado de Veracruz con algunos de los integrantes del Senado de la República por sus reclamos contra la existencia del delito de ultrajes a la autoridad, al parecer se ve una luz al final del túnel.
Les cuento.
Posterior a las recomendaciones que hiciera la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el caso de los 6 jóvenes detenidos por esta infracción, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló que atenderá los puntos de la CNDH por los ultrajes a la autoridad, “y si tenemos que corregir, corregimos”.
Con extraña mesura el Mandatario de Estado reconoció que se tratará de dar cabal cumplimiento y respeto a los derechos humanos, agregando que se investigará, “no tenemos ningún problema, por eso vamos a dar cumplimiento».
Y es que la CNDH pidió al Gobierno de García Jiménez hacer reparaciones del daño a través de una compensación justa y suficiente, inscribir a las víctimas en el Registro Estatal de Víctimas, otorgar atención médica y psicológica a los jóvenes.
Además de impartir dentro del plazo de tres meses contados a partir de la aceptación de la presente recomendación, un curso integral sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad dirigido a las autoridades involucradas en la detención arbitraria.
Y la recomendación más importante: derogar el delito de ultrajes a la autoridad.
Con lo anterior, a la administración de Cuitláhuac García le saldría más barato derogar este delito, que estar siguiendo cada recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, o peor aún, tener que acatar las disposiciones jurídicas de la Suprema Corte de Justicia, donde ya se cabildea este tema pues allá en el altiplano estos asuntos ya son muy sonados, al grado que empiezan a ser una piedra en el zapato para el Gobierno de López Obrador.
Resulta increíble que según asociaciones de Abogados y Abogadas del Estado existan más de 800 detenciones al mes por este delito en la entidad, que lejos de buscar el equilibrio en el estado de derecho, permite a las instituciones de seguridad falsear datos para detener en algunos casos a personas inocentes, tal y como se ha demostrado en diversas ocasiones.
Ya veremos si impera la razón, o se aferran a la necedad.
Esperemos a ver qué es lo que pasa.
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